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Tema del Mes

El derecho a vivienda:


Es un derecho humano reconocido desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, todos ratificados por el Estado Mexicano.

La Ciudad de México en su Constitución reconoce ese derecho a una vida digna en el artículo 9, apartado E, inciso 4, intitulado “Derecho a la vivienda”, dice que:

“Se adoptarán las medidas necesarias de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda”

Por su parte el artículo 4, apartado A, inciso 3, de la citada Constitución ordena a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos que están obligados a respetar es el de propiedad, el debido proceso y el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales.

Ahora bien, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, es la ley secundaria que pretende desarrollar el derecho humano a la vivienda, en ese sentido, la disposición inicialmente decía:

“Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos.

El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico.

Posteriormente sólo le suprimieron la última parte del párrafo primero que en este documento aparece en cursivas.

Así preocupaban dos temas:

1.- Desalojo forzoso:
2.- Casos excepcionales:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e infraestructura” en el apartado 7, inciso 7.1 trata el tema específico de “los desalojos forzosos y el derecho a la vivienda” y al respecto considera:
“El desalojo forzoso es definido como “el hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ello”.

Este desalojo forzoso sólo podría justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del Derecho Internacional, de tal manera que el Estado debe abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que los efectúen y requieren una plena justificación dados sus efectos adversos sobre una gran cantidad de derechos humanos reconocidos.

El desalojo forzoso debe reunir los siguientes requisitos:
a. estar autorizado por la ley;
b. llevarse a cabo de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos;
c. hacerse únicamente con el fin de promover el bienestar general;
d. ser razonable y proporcional;
e. estar reglamentado de tal forma que se garantice una indemnización y rehabilitación
completas y justas, y
f. realizarse de acuerdo con las propias directrices

El derecho humano a la vivienda obliga al gobierno a explorar todas las alternativas viables antes de proceder a cualquier desalojo forzoso para poder evitar o al menos minimizar la necesidad de utilizar la fuerza. La autoridad debe demostrar que éste es inevitable y actuar de acuerdo con los compromisos internacionales de derechos humanos. También deben elaborar estudios amplios e integrales sobre sus efectos sociales y sus consecuencias en los derechos humanos de las personas que serán afectadas. Este tipo de estudios son indispensables para asegurar que los costos sociales, humanos y ambientales que implica un proyecto no sean desproporcionados en relación con los beneficios que se busca alcanzar, pero, sobre todo, para que las personas puedan tener alguna certeza de lo que pasara con ellas y cuál será su situación socioeconómica una vez que se realice el proyecto.

Varios de los desalojos derivan de la implementación de un proyecto de desarrollo anticipado por un proceso expropiatorio o por la atribución de concesiones; en estos casos, y frente a proyectos de desarrollo que impliquen desalojos, el derecho a la consulta así como los estudios de impacto ambiental y social deberán asegurarse también en relación con población no indígena.

Durante el desalojo forzoso en esos casos se deben observar una serie de directrices a fin de no violentar la ley, tales como: garantizar la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes; se debe realizar de una forma que no viole la dignidad, los derechos humanos y la seguridad de las personas afectadas; el uso legal de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad; los desalojos no deben realizarse con tiempo inclemente o de noche, tiene que mediar una declaratoria de utilidad pública y el Estado debe proporcionar o garantizar una indemnización justa lo que implica que sea adecuada, pronta y efectiva.

Por su parte, los Desalojos justificados, por ende no se consideran forzosos, son: los que se llevan a cabo en contra de quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propietarias de residencias o tierras como en el caso de: a) declaraciones, ataques o tratos racistas o discriminatorios de algún otro modo de un arrendatario o residente contra otro; b) la destrucción injustificable de bienes de alquiler; c) la persistente morosidad en el pago del arrendamiento a pesar de que se ha demostrado la capacidad de pago y sin que medie el incumplimiento de los deberes del propietario en cuanto a la habitabilidad de la vivienda; d) una persistente conducta antisocial que amenaza, hostiga o intimida a los vecinos o una conducta continua que amenaza la sanidad o la seguridad públicas; e) una conducta claramente delictiva, tipificada en la ley, que amenaza los derechos ajenos; f) la ocupación ilícita de una propiedad que está habitada en el momento de la ocupación; g) la ocupación de tierras o viviendas de las poblaciones ocupadas por los nacionales de una Potencia ocupante.

A estos desalojos justificados es a lo que se refiere la Ley en comento como casos excepcionales, así se desprende de la Opinión General No 7 que ofrece algunos ejemplos de las “circunstancias excepcionales”bajo las que se puede justificar un desalojo. “Al definir en que consisten esas circunstancias, se pueden determinar los tipos de desalojo forzoso que son inadmisibles. Siempre hay que distinguir entre quienes viven pacíficamente en un lugar determinado y pueden correr el riesgo de un desalojo forzoso y quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propietarias de residencias o tierras.

Por supuesto que aún en el caso de desalojos justificados, se deberán respetar las garantías procesales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere para quienes imparten justicia, entre otras cosas que:

1.- Frente a un proyecto de desarrollo analizar si este viola el derecho a una vivienda adecuada contemplando cada una de sus características conforme a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.

2.- Al realizar el control de convencionalidad/constitucionalidad ex oficio, analizar si cualquier ley entra en conflicto con el derecho a la vivienda así como con los demás derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Lo anterior considerando
que diversas leyes aplicables a proyectos de desarrollo pueden contener declaraciones en torno a que determinado proyecto será de interés público o de utilidad pública, y que en base al mismo pueden imponerse límites al derecho de propiedad de diversas personas. Quienes imparten justicia pueden determinar si dichas restricciones violentan el derecho a la vivienda.

3.- Verificar la realización de asambleas agrarias con motivo de ocupación previa a la expropiación y seguridad de tenencia.

En caso de que los ejidatarios y/o comuneros impugnen asambleas agrarias en las que se aprobó la ocupación previa de las tierras por el tiempo que dure la tramitación del procedimiento expropiatorio, sosteniendo que se cometieron irregularidades en las mismas, revisarlas y de ser el caso, garantizar, indirectamente, la seguridad de tenencia de los pobladores.

4.- En el marco de un proceso expropiatorio, considerar si la expropiación cumple con los requisitos establecidos por la ley en la materia (análisis de legalidad o de audiencia del decreto expropiatorio).
5.- Revisar si la limitación al derecho a la propiedad individual y/o colectiva que la expropiación implica se está llevando a cabo por razones de interés general y se apega al propósito para el cual ha sido establecida.

6.- Tomar en cuenta las posibles violaciones del derecho a una vivienda adecuada y otros derechos humanos que pueden derivar de la actividad económica generada por el proyecto de desarrollo, empleando el principio pro persona y el principio de ponderación.

7.- En un juicio de amparo derivado de una expropiación en el que se impugna la violación del derecho a la vivienda optar, tal como ocurre en materia agraria, por suspender el desalojo hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva mediante una interpretación conforme de las disposiciones de la Ley de Amparo por identidad de tutela.

8.- Frente a personas afectadas por un proyecto de desarrollo que no cuenten con un título de propiedad y que impugnen una expropiación u otro procedimiento que derive en un desalojo, evaluar su interés conforme a lo establecido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, prestando especial atención al concepto de seguridad de tenencia (que se aplica incluso a las personas que rentan una vivienda o la ocupan y no sólo a los propietarios individuales o colectivos).

9.- En el caso de ejidos y comunidades indígenas, tener en cuenta las disposiciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, en torno al otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio respecto de actos “que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios”.


10.- En casos de desalojos forzosos que se lleven a cabo respetando garantías procesales. La carga de la prueba relacionada con el cumplimiento de cada uno de los elementos procedimentales recae sobre la autoridad.


11.- Antes o durante el procedimiento adminis

trativo que da pie al proyecto de desarrollo,
pero siempre de manera previa a la emision del acto de autoridad (expropiacion, concesion,
etc.), verificar que la autoridad o la parte promotora del proyecto demostro que no
existian alternativas razonables frente al desalojo.


12.- No se considera desalojo forzoso cuando el desalojo o lanzamiento deriva del incumplimiento de una obligación.
Así es indiscutible que la disposición en comento bajo ninguna circunstancia debe interpretarse en el sentido de impedir la ejecución de resoluciones judiciales pues sería tanto como hacer nugatorio cualquier juicio que implicará una ejecución sobre inmuebles habitados, lo cual sería violatorio de derechos humanos.

Esas preocupaciones se terminaron con la reforma del 31 de mayo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2019, el texto queda en los siguientes términos:

Artículo 60. Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda.

Como vemos es obvio que si se ha seguido un procedimiento judicial en contra de una persona que amerite la desocupación de la vivienda, el Juez debe decretar el correspondiente mandamiento dentro del proceso, pero eso no es nada nuevo, simplemente ahora se incorpora a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

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