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Cápsulas Informativas

Conoces los tipos de pensiones derivadas por riesgo de trabajo?

En términos del Art. 58, fracción I, de la LSS*, deberá declararse dentro del término de las 52 semanas. PENSIÓN PROVISIONAL (POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL) De acuerdo al Art. 61[…]

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En Forma General, de Acuerdo a la Ley del Seguro Social Sabias que la Pensión se puede obtener por:

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL O TOTAL Se ocasiona por riesgos de trabajo, por ejemplo: si una persona que trabaja para la construcción sufre una caída por cumplir en alguna actividad que[…]

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Impuesto Predial

El contribuyente u obligado al pago del impuesto predial no puede dejar de pagar dicho impuesto por el sólo hecho de que el inmueble no esté a su nombre en[…]

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¡Infórmate puedes tener seguro social! ¡¡¡Conoce las cuotas!!!

Régimen voluntario al seguro de salud Se conceptualiza de manera grupal (para la familia), no obstante, se puede solicitar de manera individual: Existe un régimen voluntario seguro de salud Por[…]

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Foro Jurídico. La Oralidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (Pag.16)

En la reforma al artículo 73 Constitucional del 15 de septiembre de 2017, se incluyó la facultad del Congreso para legislar en materia procesal civil y familiar en la fracción xxx. El objetivo es[…]

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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EXPIDE EL B A N D O S O L E M N E

PARA DAR A CONOCER A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA DECLARACIÓN DE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELECTA El Congreso de la[…]

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COMENTARIO A LA EJECUTORIA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4883/2017

Las premisas para que opere la pensión compensatoria o resarcitoria en el divorcio y son:   1.- Haber contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.   2.- Que[…]

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¿Sabes que es Alienar?

  No informar al otro progenitor de citas importantes (pediatra, psicólogo, dentista, etc.) Tomar decisiones importantes de los hijos sin consultar al otro progenitor Intentar o cambiar los apellidos y[…]

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Inscripción a la continuación voluntaria al régimen obligatorio en el IMSS

¿Fuiste dado de baja por tu patrón, pero quieres seguir cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Quien lo puede realizar El asegurado dado de baja en el régimen[…]

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Derechos Humanos y Garantias

Derechos humanos y garantías. Sus diferencias: https://bit.ly/2znUdgt  Suprema Corte @SCJN

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Nombramiento como consejera a la Lic. Adriana Hegewisch L.

Felicitaciones a la Lic. Adriana Hegewisch Lomelín por su nombramiento como consejera de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.

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ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32[…]

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Derecho a la Vivienda

Es un derecho humano reconocido desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, todos ratificados por el Estado Mexicano.

La Ciudad de México en su Constitución reconoce ese derecho a una vida digna en el artículo 9, apartado E, inciso 4, intitulado “Derecho a la vivienda”, dice que:

“Se adoptarán las medidas necesarias de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda”

Por su parte el artículo 4, apartado A, inciso 3, de la citada Constitución ordena a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos que están obligados a respetar es el de propiedad, el debido proceso y el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales.

Ahora bien, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, es la ley secundaria que pretende desarrollar el derecho humano a la vivienda, en ese sentido, la disposición inicialmente decía:

“Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos.

El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico.

Así preocupaban dos temas:

1.- Desalojo forzoso:
2.- Casos excepcionales:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e infraestructura” en el apartado 7, inciso 7.1 trata el tema específico de “los desalojos forzosos y el derecho a la vivienda” y al respecto considera:

“El desalojo forzoso es definido como “el hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ello”.

Este desalojo forzoso sólo podría justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del Derecho Internacional, de tal manera que el Estado debe abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que los efectúen y requieren una plena justificación dados sus efectos adversos sobre una gran cantidad de derechos humanos reconocidos.

El desalojo forzoso debe reunir los siguientes requisitos:

a. estar autorizado por la ley;
b. llevarse a cabo de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos;
c. hacerse únicamente con el fin de promover el bienestar general;
d. ser razonable y proporcional;
e. estar reglamentado de tal forma que se garantice una indemnización y rehabilitación
completas y justas, y
f. realizarse de acuerdo con las propias directrices

El derecho humano a la vivienda obliga al gobierno a explorar todas las alternativas viables antes de proceder a cualquier desalojo forzoso para poder evitar o al menos minimizar la necesidad de utilizar la fuerza. La autoridad debe demostrar que éste es inevitable y actuar de acuerdo con los compromisos internacionales de derechos humanos. También deben elaborar estudios amplios e integrales sobre sus efectos sociales y sus consecuencias en los derechos humanos de las personas que serán afectadas. Este tipo de estudios son indispensables para asegurar que los costos sociales, humanos y ambientales que implica un proyecto no sean desproporcionados en relación con los beneficios que se busca alcanzar, pero, sobre todo, para que las personas puedan tener alguna certeza de lo que pasara con ellas y cuál será su situación socioeconómica una vez que se realice el proyecto.

Varios de los desalojos derivan de la implementación de un proyecto de desarrollo anticipado por un proceso expropiatorio o por la atribución de concesiones; en estos casos, y frente a proyectos de desarrollo que impliquen desalojos, el derecho a la consulta así como los estudios de impacto ambiental y social deberán asegurarse también en relación con población no indígena.


Durante el desalojo forzoso en esos casos se deben observar una serie de directrices a fin de no violentar la ley, tales como: garantizar la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes; se debe realizar de una forma que no viole la dignidad, los derechos humanos y la seguridad de las personas afectadas; el uso legal de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad; los desalojos no deben realizarse con tiempo inclemente o de noche, tiene que mediar una declaratoria de utilidad pública y el Estado debe proporcionar o garantizar una indemnización justa lo que implica que sea adecuada, pronta y efectiva.

Por su parte, los Desalojos justificados, por ende no se consideran forzosos, son: los que se llevan a cabo en contra de quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propietarias de residencias o tierras como en el caso de: a) declaraciones, ataques o tratos racistas o discriminatorios de algún otro modo de un arrendatario o residente contra otro; b) la destrucción injustificable de bienes de alquiler; c) la persistente morosidad en el pago del arrendamiento a pesar de que se ha demostrado la capacidad de pago y sin que medie el incumplimiento de los deberes del propietario en cuanto a la habitabilidad de la vivienda; d) una persistente conducta antisocial que amenaza, hostiga o intimida a los vecinos o una conducta continua que amenaza la sanidad o la seguridad públicas; e) una conducta claramente delictiva, tipificada en la ley, que amenaza los derechos ajenos; f) la ocupación ilícita de una propiedad que está habitada en el momento de la ocupación; g) la ocupación de tierras o viviendas de las poblaciones ocupadas por los nacionales de una Potencia ocupante.

A estos desalojos justificados es a lo que se refiere la Ley en comento como casos excepcionales, así se desprende de la Opinión General No 7 que ofrece algunos ejemplos de las “circunstancias excepcionales”bajo las que se puede justificar un desalojo. “Al definir en que consisten esas circunstancias, se pueden determinar los tipos de desalojo forzoso que son inadmisibles. Siempre hay que distinguir entre quienes viven pacíficamente en un lugar determinado y pueden correr el riesgo de un desalojo forzoso y quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades propietarias de residencias o tierras.

Por supuesto que aún en el caso de desalojos justificados, se deberán respetar las garantías procesales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sugiere para quienes imparten justicia, entre otras cosas que:

1.- Frente a un proyecto de desarrollo analizar si este viola el derecho a una vivienda adecuada contemplando cada una de sus características conforme a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.

2.- Al realizar el control de convencionalidad/constitucionalidad ex oficio, analizar si cualquier ley entra en conflicto con el derecho a la vivienda así como con los demás derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Lo anterior considerando que diversas leyes aplicables a proyectos de desarrollo pueden contener declaraciones en torno a que determinado proyecto será de interés público o de utilidad pública, y que en base al mismo pueden imponerse límites al derecho de propiedad de diversas personas. Quienes imparten justicia pueden determinar si dichas restricciones violentan el derecho a la vivienda.

3.- Verificar la realización de asambleas agrarias con motivo de ocupación previa a la expropiación y seguridad de tenencia.

En caso de que los ejidatarios y/o comuneros impugnen asambleas agrarias en las que se aprobó la ocupación previa de las tierras por el tiempo que dure la tramitación del procedimiento expropiatorio, sosteniendo que se cometieron irregularidades en las mismas, revisarlas y de ser el caso, garantizar, indirectamente, la seguridad de tenencia de los pobladores.

4.- En el marco de un proceso expropiatorio, considerar si la expropiación cumple con los requisitos establecidos por la ley en la materia (análisis de legalidad o de audiencia del decreto expropiatorio).

5.- Revisar si la limitación al derecho a la propiedad individual y/o colectiva que la expropiación implica se está llevando a cabo por razones de interés general y se apega al propósito para el cual ha sido establecida.

6.- Tomar en cuenta las posibles violaciones del derecho a una vivienda adecuada y otros derechos humanos que pueden derivar de la actividad económica generada por el proyecto de desarrollo, empleando el principio pro persona y el principio de ponderación.

7.- En un juicio de amparo derivado de una expropiación en el que se impugna la violación del derecho a la vivienda optar, tal como ocurre en materia agraria, por suspender el desalojo hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva mediante una interpretación conforme de las disposiciones de la Ley de Amparo por identidad de tutela.

8.- Frente a personas afectadas por un proyecto de desarrollo que no cuenten con un título de propiedad y que impugnen una expropiación u otro procedimiento que derive en un desalojo, evaluar su interés conforme a lo establecido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, prestando especial atención al concepto de seguridad de tenencia (que se aplica incluso a las personas que rentan una vivienda o la ocupan y no sólo a los propietarios individuales o colectivos).

9.- En el caso de ejidos y comunidades indígenas, tener en cuenta las disposiciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, en torno al otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio respecto de actos “que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios”.

10.- En casos de desalojos forzosos que se lleven a cabo respetando garantías procesales. La carga de la prueba relacionada con el cumplimiento de cada uno de los elementos procedimentales recae sobre la autoridad.

11.- Antes o durante el procedimiento administrativo que da pie al proyecto de desarrollo, pero siempre de manera previa a la emision del acto de autoridad (expropiacion, concesion, etc.), verificar que la autoridad o la parte promotora del proyecto demostro que no existian alternativas razonables frente al desalojo.

12.- No se considera desalojo forzoso cuando el desalojo o lanzamiento deriva del incumplimiento de una obligación.

Así es indiscutible que la disposición en comento bajo ninguna circunstancia debe interpretarse en el sentido de impedir la ejecución de resoluciones judiciales pues sería tanto como hacer nugatorio cualquier juicio que implicará una ejecución sobre inmuebles habitados, lo cual sería violatorio de derechos humanos.

Esas preocupaciones se terminaron con la reforma del 31 de mayo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2019, el texto queda en los siguientes términos:
Artículo 60. Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda.

Como vemos es obvio que si se ha seguido un procedimiento judicial en contra de una persona que amerite la desocupación de la vivienda, el Juez debe decretar el correspondiente mandamiento dentro del proceso, pero eso no es nada nuevo, simplemente ahora se incorpora a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA) EN MÉXICO.

Por Marco Axel Romero Ortiz

Como derechos humanos.

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son un grupo de derechos inherentes a todo ser humano y buscan la satisfacción de las necesidades básicas para alcanzar el mayor bienestar personal y social posible, a diferencia del grupo de derechos civiles y políticos (DCP) que persiguen la protección de las personas contra los abusos de autoridades del gobierno logrando una mayor integridad personal.

En el año de 1993 se celebró en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y se proclamó que tanto los DESCA como los DCP tienen el mismo valor y han sido considerados como los derechos humanos básicos para lograr la dignidad humana.

Respecto a los DESCA no deben confundirse con programas de asistencia social ni tampoco con prestaciones del Estado, por el contrario, estos derechos deben considerarse como un mecanismo de observancia obligatoria para facilitar el desarrollo individual y social en el país.

a Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948 ya contenía el reconocimiento a derechos de carácter económico, social y cultural, sin embargo, dicho reconocimiento no era vinculante para los Estados que participaron en su creación debido a la inexistencia de un acto formal que los obligase a garantizar la protección de dichos derechos a sus gobernados. En consecuencia, se comenzaron a implementar diversos instrumentos que contienen el reconocimiento de los DESCA, como son principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Obligación de garantizar su protección.

Desde la reforma implementada en 2011 a la Constitución, el Estado Mexicano incorporó el reconocimiento de todos los Derechos Humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que forma parte y se comprometió a garantizar su promoción y protección.

Queda claro que los DESCA son derechos indispensables para mejorar la vida de las personas y por tanto tales derechos son exigibles y justiciables ante el Estado, que tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y promoverlos de forma que garantice su efectividad, dado que el aspecto esencial de reconocer estos derechos es su cumplimiento de manera eficaz.

Nuestro ordenamiento jurídico contiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de la mayoría de los DESCA como derechos fundamentales, así mismo existen diversas leyes que contienen su protección como la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, entre otras. Entre los DESCA establecidos en la Constitución podemos señalar el derecho a la educación en el artículo tercero, a la atención de la salud, al medio ambiente y a la cultura en el artículo cuarto, y el derecho al trabajo en el artículo ciento veintitrés.

Por otra parte, el artículo 102 apartado B, de la constitución dispone que El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos respectivos de cada entidad federativa quienes se encargan de vigilar que los actos y omisiones de autoridades que violan derechos humanos de las personas sean reparados por parte del Estado.

México forma parte del PIDESC desde su adhesión en 1981, que consagra los derechos económicos, so¬ciales y culturales, y establece las obligaciones de los Estados relacionadas con su cumplimien¬to. Dicho Pacto cuenta con un Protocolo que posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos, mediante la interpo¬sición de las quejas por violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto, de las que conocerá el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU.

Para poder vigilar que se cumpla el Pacto, los Estados parte se comprometieron a presentar informes al Secretario General de la ONU, que describan qué mediadas han adoptado y los avances realizados en el cumplimiento de los DESCA.

Retos para garantizarlos.

n marzo de 2018, el Comité DESC realizó a México observaciones sobre los informes que presentó, debido a que el Estado Mexicano atraviesa una fuerte crisis por violaciones a los Derechos Humanos, de entre las que destacó la inseguridad y violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la corrupción, la violencia de género, situación de familiares de personas desaparecidas, la calidad de la educación, haciendo énfasis en la falta de mecanismos para poder acceder a la defensa de los DESCA, por lo que se exhortó al Estado mexicano a ratificar el Protocolo facultativo fundamental para la exigibilidad de los DESCA.

Así mismo, el representante del Comité hizo recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas.

México tuvo participación en la elaboración de la Agenda 2030 siendo uno de los países con mayor actividad en los foros de consulta. Propuso incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad y sustentabilidad de los derechos humanos fuesen los temas fundamentales en la Agenda 2030. Asimismo, consideró importante tratar el tema de la pobreza ya que encuentra una relación de manera directa con el acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.

Nuestro país tiene que articular diversos mecanismos para alcanzar resultados positivos respecto a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por poner un ejemplo; uno de los 17 objetivos es el de Ciudades y Comunidades Sostenibles, a fin de lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, dentro del cual se puede destacar el Derecho a la vivienda adecuada. En nuestro país el derecho a una vivienda digna está jurídicamente reconocido en el artículo cuarto, párrafo séptimo de la Constitución y se puede destacar que México tiene un gran atraso en la protección a este derecho, dado que las estadísticas realizadas por el INEGI en la encuesta intercensal de 2015, muestran que aún son millones las personas que no cuentan con condiciones tan básicas como el agua potable, el drenaje, materiales de construcción que den protección a sus habitantes, así como espacios suficientes para un sano desarrollo, sin dejar de observar los altos precios de adquisición de una vivienda que cuente con las condiciones para ser considerada adecuada y que por tanto se traduce en una discriminación social por ser pocas las personas que puedan acceder a este derecho fundamental.

Como conclusión Los DESCA son derechos exigibles y justiciables por ello resulta importante que existan mecanismos adecuados a los que se pueda acceder y que puedan garantizar su cumplimento, por lo que si no existen mecanismos de protección locales o regionales o los que existen son deficientes en el ámbito nacional, existe la posibilidad de acceder a organismos internaciona¬les de protección a los derechos humanos.
Las instancias internacionales, juegan un papel importante en garantizar que se protejan los DESCA, monitoreando constantemente las dificultades, los logros y metas pendientes del país para alcanzar un óptimo desarrollo y respeto a la dignidad humana, entendiendo ésta como un mínimo respeto que debe tenerse a la vida del ser humano.

INTERSEXUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Por Iván Pérez Becerra

La intersexualidad es una condición de las personas que nacen con la existencia de dos sexos, en ciertos casos uno más desarrollado que otro, lo que ha contribuido en años anteriores a designar sin consentimiento de la persona, el sexo que más sobresalga en la etapa de niñez, ésto para darle una identidad que lo “ayude” a desarrollarse en sociedad; debido a las costumbres religiosas culturales que predominan en la sociedad, se ha obstaculizado el libre desarrollo psicosocial para este tipo de personas ya que el mismo sistema administrativo sólo reconoce al sexo masculino y femenino como característica para la identificación de los ciudadanos.
Debido al desconocimiento de la sociedad sobre esta característica existente en la población, se han padecido violaciones a derechos humanos desde la identificación de su sexo al nacer, durante su vida estudiantil y en la práctica de actividades recreativas como los deportes que están diseñados para la competición entre hombres o entre mujeres.
Es por eso que han surgido organizaciones sociales que luchan por exigir el respeto a sus derechos humanos logrando en 2006 la realización del primer foro intersex que congregó a veinticuatro activistas de diecisiete organizaciones de todos los continentes, desde entonces se han tenido avances en la definición y causas de intersexualidad que han resultado en la Declaración de San José de Costa Rica, que se realizó en el tercer foro intersexual, dicha declaración tuvo el fin de orientar aliados y entidades gubernamentales en el diseño de políticas públicas para atender la problemática de discriminación que padece este sector de la sociedad.
Entre los puntos más destacados que las organizaciones y activistas intersex, plasmaron en la Declaración de San José de Costa Rica están; “el rechazar la asignación y conceptualización de la intersexualidad como un tercer género”, punto que me sorprende por el propio rechazo que la misma comunidad intersex sugiere que se lleve a cabo, obligándoles a elegir uno de los dos sexos ya determinados, aun cuando las mismas organizaciones han afirmado que dicha característica intersexual es natural y no podría ser catalogada como una enfermedad por lo que en los casos en que se desarrollan ambos sexos se puede considerar un auténtico tercer sexo.
Otra de las solicitudes es incorporar en todos los programas de formación, materiales educativos oficiales y en todas las políticas, las distintas diversidades de características sexuales y corporales que existen. Esta solicitud vuelve a contemplar la diversidad que existe y que organizaciones intersex han mostrado en diversos estudios que dichas características son generadas de manera natural, tomando en cuenta lo anterior sabemos que una característica para la identificación en distintos países es la del sexo, por lo que hoy en día no debería de existir solamente el sexo masculino y femenino como característica para la identificación de personas por lo que debería añadirse dicha opción a todos los documentos que tienen como característica distintiva el sexo de las personas, esta modificación apenas sería el inicio de una extensa lucha en contra de las violaciones a derechos humanos que sufre este sector de la población en pleno siglo XXI.

Impuesto Predial 

El contribuyente u obligado al pago del impuesto predial no puede dejar de pagar dicho impuesto por el sólo hecho de que el inmueble no esté a su nombre en el catastro o porque no le quieran recibir el pago:


I.- El inmueble no está catastralmente a nombre del contribuyente u obligado. De acuerdo al Código Fiscal de la Ciudad de México:
1.- El impuesto predial lo paga el propietario o el poseedor (artículo 126 primer párrafo).
2.- Cuando existe enajenación del inmueble, el adquirente se considera propietario para los efectos del impuesto predial (artículo 126 sexto párrafo).
3.- Si el problema del nombre se encuentra en el padrón del impuesto predial, los datos o el nombre pueden modificarse a solicitud del contribuyente (artículo 127 octavo párrafo).

El Código Fiscal de la Ciudad de México, regula el procedimiento administrativo que debe seguirse para cualquier trámite, como es el caso de la modificación al padrón del impuesto predial (artículos del 421 al 442).

II.- No le reciben el pago del impuesto predial.
Si la autoridad no recibe el pago del impuesto predial, el artículo 17 dispone que el contribuyente puede consignarlo al Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo), el cual lo remite a la Tesorería para que se proceda a la aplicación del pago.

Los artículos 11 y 162 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, confirman el procedimiento de consignación, acompañando cheque certificado o de caja a nombre de la Tesorería de la Ciudad de México.

En Hegewisch Montes Abogados, atendemos todos sus problemas en materia de Impuesto Predial, consúltenos.

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EXTINCIÓN DE DOMINIO


Mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019, se reformaron los artículos 22 y 73 de la Constitución.
La reforma al artículo 73 fracción XXX, faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio.
La reforma al artículo 22, en su segundo párrafo, suprime las reglas a las que se sujetará el procedimiento de extinción de dominio, para reacomodar su regulación en el precepto constitucional reformado.
Por lo que se refiere al tercer párrafo del artículo 22, se establece que la acción de extinción de dominio la ejercitará el ministerio público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de lo penal.
La reforma adiciona un cuarto párrafo al artículo 22, estableciendo que la acción de extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La adición al quinto párrafo del artículo 22 constitucional, establece el acceso a los medios de defensa adecuados para que la persona afectada con el procedimiento de extinción de dominio, demuestre la procedencia legítima del bien sujeto a dicho procedimiento.
Estas reformas y adiciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación.
El artículo segundo transitorio de este decreto, concede al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para expedir la Legislación Nacional Única en Materia de Extinción de Dominio, mientras tanto los procedimiento ya iniciados y las sentencias dictadas deben concluirse y ejecutarse con base en la legislación vigente al momento de su inicio.

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Condonación del 80% para el pago de multas en la ciudad de México.

En una resolución de carácter general publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 7 de marzo del presente año se anunció una condonación del 80% para el pago de multas impuestas por infracciones al reglamento de tránsito del Distrito Federal, dicha resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Entre las principales infracciones en las que es aplicable el descuento del 80% se encuentran:


• Exceder límites de velocidad.
• Estacionarse en sitios públicos y pasos peatonales.
• Circulación en carriles exclusivos.
• Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril.
• Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y demás maniobras riesgosas.
• Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confundan, desorienten o distraigan a peatones o conductores.
• Tránsito en aceras.
• Invasión de cruces peatonales.

Para hacer valido el descuento es necesario

1. Una previa emisión de la boleta.
2. Ingresar a http://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/registrar, para actualizar los datos del del conductor y del vehículo.
3. El registro de una misma dirección electrónica.
4. Generar una línea de captura para realizar el pago en lo primeros 10 días naturales contados a partir de la fecha de emisión.

Comienza Nueva Obligación para “Sociedades Anónimas” y “Sociedades de Responsabilidad Limitada”

El pasado 15 de Diciembre del 2018, entró en vigor el decreto por el cual se reformaron los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Junio del 2018, el cual refiere como nueva obligación: la publicación de avisos para informar sobre la inscripción de transmisiones de partes sociales en las “Sociedades de Responsabilidad Limitada”, o de acciones en el caso de “Sociedades Anónimas”.

Por su parte, la Secretaría de Economía mediante su portal electrónico para Publicaciones de Sociedades Mercantiles, ya habilitó la sección de “Aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones con la estructura accionaria vigente”, donde se podrán realizar las publicaciones de estos nuevos avisos.
Es importante recordar, que estas sociedades tienen entre sus obligaciones corporativas, las siguientes:

– Sociedad de Responsabilidad Limitada, debe contar con un Libro de Registro de Socios que registre la siguiente información:

* Nombre y domicilio del socio;
* Indicación de las aportaciones del socio;
* Transmisiones que se realicen.

– Sociedad Anónima, debe contar con un Libro de Registro de Accionistas que registre la siguiente información:
* Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;
* El número de acciones que le pertenecen al accionista, indicando su número, serie, clase y demás particularidades;
* Indicación de las exhibiciones de capital que se efectúen;
* Transmisiones que se realicen.

Para el caso de Sociedades Anónimas, específicamente en la información del nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso que se publique, la Secretaría de Economía será responsable de mantener dicha información con carácter de confidencial, salvo que sea requerido por autoridades judiciales o administrativas

Es vital importancia que las sociedades cuenten con su libro de registro de socios o accionistas, según sea el caso, debidamente actualizado registrando con ello todas las operaciones que afecten al mismo, tales como: aumento, reducción, transmisión (venta, donación, usufructo), ya sea en forma total o parcial de sus acciones o parte social; para que estén en aptitud de realizar la publicación del aviso respectivo al Sistema Electrónico.

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Características de las Pensiones

Conoce las características que se consideran al momento de solicitar tu pensión de acuerdo al régimen que elijas o te corresponda (Recuerda si cotizaste en el IMSS antes del 1º. de julio de 1997 y después de esta fecha tienes derecho a seleccionar cualquiera de los regímenes Ley 73 o Ley 97)

Caracteristicas

Recursos

Administrado

Requisitos


Calculo de la Pensión


Actualización de la pensión

Recursos SAR 92 – 97

Ley 73

IMSS Cuenta Individual

IMSS

500 semanas cotizadas y 60 – 65 años de edad

Promedio de las últimas 250 cotizadas

Febrero conforme al INPC

Los recursos se entregarán en una sola exhibición al momento de pensionarse

Ley 97

Cuenta Individual

AFORE

1,250 semanas cotizadas y 60 ó 65 años de edad

De acuerdo al monto ahorrado y modalidad de pensión

Febrero conforme al INPC

Los recursos se entregarán en una sola exhibición al momento de pensionarse